Hay dos opciones: La primera es denunciarlo ante la Fiscalía General de la Nación. En ese caso la Fiscalía iniciaría una investigación y eventualmente lo llamarían a un juicio penal que podría terminar con una pena de prisión para el padre.

La segunda opción es instaurar una demanda de alimentos, que requiere que el hijo haya sido reconocido por el padre, e implica un posible embargo del salario del padre para cubrir mensualmente los gastos (alimentos incluye no sólo la comida sino también vivienda, educación, recreación, etc) del menor.

Para iniciar este proceso es necesaria una audiencia de conciliación, en la cual también se puede pactar un monto mensual para el menor que obliga al padre. Para ello puede acudir a una cámara de comercio o, si no tiene recursos, a un centro de conciliación de una Universidad.

Debe convocar una conciliación con el padre y fijar una cuota durante el embarazo, de resistirse a reconocer al menor, iniciar un proceso de investigación de paternidad una vez nazca el menor.