Con la entrada en vigencia de la constitución de 1991, Colombia se declara como un Estado laico, lo que implicaría un carácter de inconstitucionalidad a cualquier medida legislativa, que con ocasión a la venida de un dirigente o representante de alguna doctrina religiosa, motive como argumento principal la visita de dicho jerarca. En este orden de ideas y de conformidad a su inquietud, no es posible aplicar descuento de su pena en el marco de las circunstancias descritas.